Iniciativas congeladas en el Perito Moreno

La recomendación de excluir la actividad ganadera y forestal en algunos sectores, el impedimento para dividir las tierras y para edificar viviendas particulares que puedan desencadenar un proceso de urbanización, la sugerencia de desarrollar servicios para los visitantes del glaciar y de realizar emprendimientos turísticos en ciertas condiciones son los principales postulados del plan de manejo que en julio de 1996 elaboró un equipo de profesionales contratado por el gobierno de Santa Cruz y que, desde entonces, espera ser tratado por esa Legislatura provincial.

Las tierras de la península, que pertenecen a particulares, fueron declaradas reserva provincial el 10 de junio de 1993 por la ley 786/72. Con esta medida, además, se encomendó al Poder Ejecutivo provincial la elaboración de un plan de manejo y, al mismo tiempo, se suspendió por 180 días la aprobación de nuevas subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier otro acto que comprometa el destino de las tierras dentro de la reserva.

Leyes sucesivas prorrogaron este plazo a 270 días (en mayo de 1994) y luego a 400 (en noviembre de ese año), momento en que también se aprobaron sólo los objetivos planteados en un plan de manejo realizado por una comisión mixta. Pero el decreto 1785/94 lo vetó y dispuso la elaboración de un nuevo plan. En noviembre de 1995 se estableció una nueva prórroga (ley 2425) y en septiembre del año siguiente otra (ley 2442), retroactiva al 1° de julio de ese año y válida por 240 días.

Integrantes de Apenaike SA, Cohiue SRL y Lacustre del Sur SRL -entidades propietarias de gran parte de las tierras- sostienen que con el vencimiento de este último plazo legal para la aprobación legislativa del plan de manejo quedó automáticamente sin efecto la suspensión de la aprobación de nuevas subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier otro acto, y que entonces ya pueden ejercer su derecho a la propiedad y disponer de la tierra.

"No es posible seguir manteniendo indefinidamente en un estado de incertidumbre el destino de las fracciones ubicadas en la península de Magallanes. La inseguridad jurídica que resulta de la indefinición parlamentaria causa gran perjuicio a sus propietarios", dijo Jorge Cello Zambrano, representante de Apenaike y Cohiue.

La postura de los propietarios resulta evidente, al punto que, por ejemplo, Cohiue ya comenzó la primera parte de su Proyecto de Desarrollo Turístico Lago Argentino, frente al brazo Rico, a 178 metros de altura -a 100 de la hostería Los Notros- y ofrecerá 80 habitaciones y un clubhouse que se explotarán como tiempo compartido. Ricardo Tobías Clark, apoderado de Cohiue, aseguró que la obra se realiza según las recomendaciones del plan de manejo elaborado por el equipo que lidera Roberto Boullón: es una construcción semiindustrializada, que contará con una planta de tratamiento de líquidos cloacales y que está enmascarada en el paisaje, lejos del camino.

Goyaike SA también lleva adelante un emprendimiento en una de sus 11 hectáreas, que implica el tendido de un camino. Pero todos cuentan con antecedentes. Parece que algunos pueden y otros no. Los Notros, el restaurante de la punta frente al ventisquero y los dos campings son una muestra de ello.

Sin embargo, estas iniciativas, o más bien el solo planteo de que se podrían realizar aunque con supervisión fue lo que despertó una fuerte controversia entre los vecinos de El Calafate y su zona de influencia.

Los residentes de la ciudad, situada aproximadamente a 70 kilómetros de la península de Magallanes, se oponen a la instalación de mayor infraestructura hotelera. "Primero, porque no surge de los objetivos de la ley y, en consecuencia, los propietarios no podrán reclamar sus derechos adquiridos por una actividad que nunca realizaron y, sobre todo, por el daño posible que se demuestra con los efectos causados por el único establecimiento que funciona en la reserva: Los Notros taló árboles para privilegiar la vista, su generador produce importantes ruidos y contaminó el arroyo Velo de Novia del que se provee de agua", sostiene Daniel Alvarez, miembro de la Cámara de Comercio y Turismo de El Calafate.

Mientras los propietarios de Magallanes argumentan que tales daños se debieron a la falta de control y a la ausencia de una reglamentación de la actividad turística en la zona, el conflicto de intereses es cada vez más claro y la dilación de la medida que lo podría regular es cada vez más pronunciada.

El Parque Nacional Los Glaciares, en particular, el Perito Moreno y la península de Magallanes, por la que se accede, son la principal fuente de recursos de la comunidad de El Calafate, ya que vive de los servicios turísticos que se prestan a los visitantes. Por eso, su preservación se convierte en la principal preocupación.

Orientada a promover un núcleo urbano, base de apoyo para el aprovechamiento de los lagos y ventisqueros del Sur, y con la declaración del Parque Nacional Los Glaciares como Patrimonio Natural de la Humanidad por parte de la Unesco, El Calafate inició un proceso de reconversión económica y social que generó una importante inversión.

Por eso, la Cámara de Comercio y Turismo de El Calafate plantea su temor: "Una reducción importante de la demanda turística -de alcance mundial-, que busca espacios naturales libres de contaminación, provocará indefectiblemente la ruptura de nuestra estructura de desarrollo". Pero destaca que su preocupación responde también a "la firme convicción de que la preservación de esta área en estado natural contribuye al funcionamiento y existencia misma del Parque Nacional Los Glaciares". Ante esta situación, por medio del bloque provincial Frente Federal Santacruceño solicita la expropiación de 31.900 hectáreas pertenecientes a la reserva.

En respuesta, los propietarios señalan que "el desarrollo de la península no sólo no perjudicará dichos intereses, sino que los favorecerá al incrementar el movimiento y el nivel socioeconómico del turismo en la zona".

Delia Alicia Piña