Día de la Tierra: ¿cómo podemos seguir luchando contra la crisis climática?

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó en agosto de 2021 la primera parte de su Sexto Informe de Evaluación, que brinda información científica sobre el avance del cambio climático. En el mismo destacaron con preocupación que si se continúa con la tendencia actual de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), vamos a sobrepasar el objetivo del Acuerdo de París de mantener la temperatura media global en 1,5°C en 2040, 60 años antes de lo esperado. Informaron, además, que estamos cerca de sobrepasar los puntos de no retorno, es decir, de llegar a cambios irreversibles. Según el informe, si no frenamos estos aumentos, el mundo sufriría consecuencias como las olas de calor o el aumento del nivel del mar.

El podio de los reclamos en Argentina está compuesto por tres ejes principales: 1) el tratamiento de la ley de Humedales, 2) la adhesión completa al Acuerdo de Escazú y 3) la creación de un plan de acción y financiamiento para la adaptación al cambio climático.

Los humedales tienen un rol esencial: absorben el dióxido de carbono, son zonas que se inundan y que actúan como filtros depuradores y son, además, grandes reservorios de agua dulce. Amortiguan los impactos de las lluvias y protegen al suelo de inundaciones o sequías. En Argentina, ocupan cerca del 21% de la superficie y todos están bajo la presión de diversas actividades que hacen que hoy estén desapareciendo. 

Hace más de 8 años que se viene pidiendo la sanción de una Ley de Humedales, para que legalmente se pueda identificar a una zona como humedal y luego establecer ahí una regulación que ordene la explotación de ese territorio y establecer, así, un uso ambientalmente respetuoso de estos ecosistemas. Mientras tanto, los humedales siguen en peligro.

El acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. El acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, pero fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018.

Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

El Acuerdo de Escazú es, básicamente, un instrumento que le otorga más poder a la ciudadanía para poder ser partícipes de las decisiones ambientales que se toman. El fin es obtener derechos para proteger el ambiente y a las personas que lo defienden, mediante espacios de diálogo e intercambios colectivos. Tanto América Latina como el caribe necesitan planes de acción integrados que den respuesta a las problemáticas comunes de la región, como la pérdida de la biodiversidad o el avance de los incendios.

Este acuerdo, debidamente implementado, le abriría la puerta a muchos activistas para lograr que sus voces sean escuchadas, frenando avances que atentan contra el medioambiente, luchando contra la desinformación general y consiguiendo ganar batallas que hoy ni siquiera se pueden plantear. La ciudadanía cumpliría un rol clave si pudiera custodiar de cerca las acciones y decisiones que se toman en materia ambiental, convirtiéndose en la guardiana del futuro.

El cambio climático trae consecuencias. Y es sabido que el norte global tiene una deuda importante con el sur. Las responsabilidades son comunes, pero diferenciadas, y el costo es muy alto para las comunidades que sufren estas consecuencias todos los días. Hay un montón de sectores que se ven perjudicados y, por ello, es fundamental que el país destine fondos para el acompañamiento y la elaboración de planes de acción que busquen reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

La exigencia es hacia el Estado: que planifique políticas públicas teniendo en cuenta un contexto de transición ecológica y climática y se empiecen a promover diferentes proyectos productivos, para empezar a mirar con los ojos del futuro.

Más allá de las pequeñas acciones diarias que podemos hacer para aportar a un futuro más sostenible, existen diversos proyectos en los que podemos ser parte de la acción.