A 10 años del Ni Una Menos: la historia de Olga Díaz, símbolo de lucha y reparación

Olga comenzó a sufrir violencia de género en 2002 por parte de su entonces pareja. La situación se agravó cuando intentó separarse: recibió amenazas de muerte, agresiones físicas, ataques hacia su hija menor y la quema del auto familiar. A pesar de las denuncias realizadas, la causa penal quedó paralizada durante quince años. En 2008, los episodios de violencia recrudecieron, y se intensificaron aún más en 2016, cuando Olga decidió irse a vivir con una de sus hijas.

En enero de 2017 volvió a denunciar las amenazas y solicitó medidas de protección, pero el Estado no respondió. El 24 de marzo de ese año, su agresor ingresó a su casa y la apuñaló brutalmente, en un intento de femicidio que también dejó herido a su hijo, quien intentó defenderla. En ese momento, Olga no contaba con ninguna medida de resguardo judicial. El atacante también agredió a vecinos y personal policial que intervino.

Tras el ataque, se unificaron las causas penales previas y, finalmente, en diciembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 21 condenó al agresor a 20 años de prisión por tentativa de femicidio, tentativa de homicidio agravado, amenazas y resistencia a la autoridad.

El caso de Olga se convirtió en el primer acuerdo de solución amistosa entre el Estado argentino y una víctima de violencia de género ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En la denuncia presentada por la Defensoría General de la Nación, se señaló el incumplimiento de la debida diligencia por parte del Estado para prevenir los hechos de violencia sufridos por Olga.

El 18 de agosto de 2020, el Estado reconoció su responsabilidad internacional y firmó un acuerdo de reparación. Entre las medidas más importantes se destacan:

• Un pedido público de disculpas realizado en abril de 2021, con participación de autoridades nacionales.
   
• Acompañamiento integral a Olga y su familia.
   
• Una reparación económica en proceso de implementación.

También se pusieron en marcha acciones de no repetición, como:

• Elaboración de protocolos y lineamientos para mejorar la actuación judicial ante casos de violencia de género.
   
• Creación de un registro público de denuncias contra magistrados y magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género.
   
• Inclusión de contenidos de género en la capacitación y evaluación de aspirantes a la magistratura.
   
• Talleres específicos sobre la obligación del Estado de actuar con debida diligencia ante estas denuncias.

El camino de Olga del Rosario Díaz no solo representa la valentía de una mujer que sobrevivió a la violencia extrema, sino que también se transformó en un caso emblemático que obliga al Estado argentino a revisar sus fallas estructurales y comprometerse con políticas efectivas de prevención, protección y reparación.

A diez años del primer grito de Ni Una Menos, su historia nos recuerda que ninguna denuncia puede ser ignorada, y que la lucha por una justicia con perspectiva de género sigue siendo una deuda urgente.