Qué dice la Ley de Glaciares y qué se pone en riesgo con los cambios que propone el Gobierno

La norma reconoce a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. De su deshielo dependen ríos, lagos y arroyos que abastecen de agua para consumo humano, riego agrícola y ganadero, turismo y diversas actividades industriales. Además, cumplen un rol central en la regulación del clima y sostienen una biodiversidad única en zonas de alta montaña.

La ley encomendó al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) la realización de un Inventario Nacional de Glaciares para identificar y delimitar las áreas a proteger. En esas zonas se prohíben actividades que puedan afectar su función natural, como:

• La exploración y explotación minera.
   
• La actividad hidrocarburífera.
   
• Obras de infraestructura.
   
• Cualquier emprendimiento que implique la liberación de sustancias contaminantes o la alteración significativa del ambiente glaciar y periglacial.

Se trata de una norma de presupuestos mínimos, es decir, de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.

Según el proyecto de reforma oficial, las provincias podrían:

• Autorizar actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciales.
   
• Solicitar la revisión del Inventario Nacional de Glaciares, habilitando actividades donde hoy están prohibidas.
   
• Quedar eximidas de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental Estratégicas para actividades no expresamente prohibidas en zonas glaciales y periglaciales.

Si bien el artículo 124 de la Constitución Nacional establece que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias, el artículo 41 dispone que la Nación debe dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, que luego las provincias pueden complementar, pero no reducir.

Para Cuello, la reforma implica tensionar ese esquema constitucional y debilitar el estándar ambiental vigente.

Otro de los puntos centrales del debate es el principio de no regresividad en materia ambiental, reconocido en la Ley 27.566 que incorpora el Acuerdo de Escazú al derecho argentino. Este principio establece que, una vez alcanzado un determinado nivel de protección ambiental, el Estado no puede retroceder en ese estándar.

Desde esta perspectiva, modificar la Ley de Glaciares para flexibilizar prohibiciones podría interpretarse como una vulneración de ese principio.

En medio del debate en el Senado, Greenpeace difundió un relevamiento aéreo realizado en San Juan que documenta intervenciones mineras en áreas protegidas por la ley vigente, incluyendo el glaciar de escombros G110, inventariado oficialmente.

Según la organización, en los sobrevuelos se observaron aperturas de caminos, remoción de suelo y delimitaciones para tareas exploratorias en sectores de alta montaña donde la normativa actual restringe este tipo de actividades.

“Lo que esta reforma plantea, en los hechos, es invertir el principio básico del derecho ambiental: en lugar de exigir que los proyectos se ajusten a la ley, se busca ajustar la ley a los proyectos que ya están avanzando en zonas protegidas. Lo que algunos llaman ‘brindar seguridad jurídica’ termina siendo adaptar la norma para que actividades en infracción estén habilitadas, porque el nuevo marco es más flexible”, aseguró Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.

La organización advierte que modificar el alcance de la ley en este contexto podría “blanquear” proyectos que hoy estarían en infracción y reducir el estándar de protección de reservas críticas de agua dulce que alimentan los ríos San Juan y Jáchal, fundamentales para miles de personas y economías regionales.

Más allá del debate jurídico, la discusión gira en torno a un punto central: si el país mantiene un límite claro para proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua o si flexibiliza la normativa para adecuarla a proyectos extractivos en marcha.

En un escenario atravesado por la crisis climática y la creciente presión sobre los recursos hídricos, el alcance de la Ley 26.639 no es un asunto técnico aislado, consideran las voces expertas. Es una definición política y ambiental que impacta directamente en la seguridad hídrica, la biodiversidad y el modelo de desarrollo que se proyecta para el país.