Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, una fecha que nació en América Latina y el Caribe como parte de las luchas por la despenalización del aborto y que con los años se convirtió en una jornada internacional de acción y reflexión sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. La fecha fue elegida en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Argentina.
En Argentina, este 28 de septiembre encuentra al aborto legal con una historia relativamente reciente: la Ley 27.610 fue sancionada el 30 de diciembre de 2020 y entró en vigencia el 24 de enero de 2021. La norma reconoce el derecho a acceder a una interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y establece, después de ese plazo, el acceso a la interrupción legal en casos de violación o cuando está en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
A casi seis años de su sanción, un nuevo informe de Proyecto mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health, permite mirar qué ocurrió desde entonces. El reporte anual "El reto de sostener el aborto legal en Argentina" reúne información sobre el acceso durante 2025 y parte de 2026 a partir de pedidos de acceso a la información pública, datos de las provincias y otras fuentes oficiales.
Y hay un dato que se destaca especialmente cuando se habla de salud y aborto: las defunciones por abortos médicos, otros abortos y abortos no especificados se redujeron a la mitad al comparar el trienio previo a la sanción de la Ley 27.610 con el trienio posterior.
Qué cambió después de la Ley 27.610
El informe analiza la mortalidad materna como uno de los indicadores que permiten observar el impacto del acceso a interrupciones seguras del embarazo.
La mortalidad materna total, aclara el documento, no siguió la misma tendencia: en 2024 la razón de mortalidad materna fue 37% más alta que en 2023, con 183 muertes maternas frente a 147 el año anterior.
Pero cuando se observa específicamente la mortalidad asociada a abortos, la evolución es diferente.
Según Proyecto mirar, las defunciones maternas por embarazos terminados en aborto tuvieron una tendencia descendente desde 2015 hasta 2021 y se mantuvieron en niveles similares durante el trienio 2022-2024. Dentro de esa categoría, las muertes clasificadas como abortos médicos, otros abortos y abortos no especificados disminuyeron a la mitad al comparar los tres años anteriores a la sanción de la ley con los tres posteriores.
El dato cobra relevancia porque la Ley 27.610 tuvo entre sus objetivos explícitos contribuir a reducir la morbilidad y la mortalidad prevenible.
Más de 87 mil abortos en el sistema público durante 2025
El informe también permite conocer cómo se sostuvo el acceso durante 2025.
En 20 provincias se registraron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público. El número no mostró cambios significativos respecto de 2024 para esas mismas jurisdicciones. La tasa estimada fue de 7,45 abortos cada 1000 mujeres de 15 a 49 años, prácticamente igual a la registrada en 2023, cuando había información para todas las jurisdicciones.
Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires concentraron el 72% de las IVE e ILE informadas, en línea con el peso poblacional de esas jurisdicciones dentro del país.
El relevamiento también contabilizó 1846 efectores públicos que garantizan el acceso a IVE e ILE. La cifra se mantuvo relativamente estable respecto de 2023, cuando se habían registrado 1.862.
Otro dato que aparece en el informe: en 11 jurisdicciones que brindaron información, alrededor del 90% de los abortos se realizaron dentro de las 12 semanas de gestación. Las proporciones informadas fueron de entre 74% y 92%.
El acceso se sostiene en las provincias
Uno de los puntos que analiza el reporte es qué ocurrió con la provisión de insumos para garantizar los abortos seguros.
Frente a la discontinuidad de la compra nacional de medicamentos e insumos destinados a los servicios de aborto, 13 provincias realizaron compras con presupuesto propio: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
El informe también registra una fuerte reducción del gasto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación entre 2023 y 2026, así como una caída en la cobertura de métodos anticonceptivos reportada para esos años.
Para Proyecto mirar, este escenario genera un desafío adicional: que la capacidad de sostener el acceso dependa cada vez más de los recursos y decisiones de cada jurisdicción puede profundizar las diferencias territoriales.
Qué dice la ley hoy
La Ley 27.610 establece que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive, con consentimiento informado.
Después de ese plazo, la interrupción es legal cuando el embarazo es producto de una violación o cuando está en peligro la vida o la salud de la persona gestante. La norma también establece que la atención debe garantizarse en los servicios de salud y que, una vez solicitada, la práctica debe realizarse dentro de un plazo máximo de diez días corridos.
La ley es de aplicación en todo el territorio nacional y no requiere adhesión de las provincias para estar vigente.
Un dato que también interpela el debate sobre la natalidad
El informe de Proyecto mirar incorpora además un análisis sobre el descenso de la natalidad y la fecundidad en Argentina, un tema que ganó espacio en la agenda pública durante el último año.
Según los datos relevados, en la última década la fecundidad cayó 69% entre las niñas de 10 a 14 años y 70% entre las adolescentes de 15 a 19 años. La natalidad, por su parte, descendió 46% en el país durante ese período.
El documento plantea que no existe una única explicación para estos cambios. Entre los factores posibles aparecen las transformaciones culturales, los cambios en las relaciones de género, las condiciones económicas, el acceso a anticonceptivos y a la interrupción del embarazo, las expectativas sobre el futuro y las posibilidades concretas de conciliar trabajo y crianza.
En ese sentido, el informe propone correr la mirada de una discusión centrada únicamente en cuántos nacimientos debería tener el país hacia otra pregunta: qué condiciones necesitan las personas para poder decidir libremente si quieren tener hijos, cuándo y cuántos, y para poder llevar adelante esos proyectos de vida.
Informe: Reporte anual 2025: "El reto de sostener el aborto legal en Argentina", Proyecto mirar, CEDES e Ibis Reproductive Health. El relevamiento fue finalizado en septiembre de 2026 y reúne información de 2025 y parte de 2026. Página web de Proyecto mirar.
Verónica Dema Editora de Actualidad en OHLALÁ! Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Especialista en Prácticas Redaccionales. Tiene un Máster en Periodismo por LN/Universidad Torcuato Di Tella. Dedicada a temas de géneros, cultura y sociedad.