Derechos Humanos vs. opiniones personales

 

Recordemos que la Constitución Nacional, en su artículo 16 habla de que todas las personas somos “iguales ante la ley”. Además, contamos con la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743, del año 2012), que establece el derecho de las personas a reconocer su identidad de género y a ser tratadas de acuerdo con esa identidad, independientemente de su sexo asignado al nacer. También contamos con la Ley antidiscriminatoria (Ley 23,592, del año 1988). 

Por otro lado, Argentina también ha ratificado diversas convenciones internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Estas convenciones promueven la igualdad y la no discriminación.

Volviendo a la pregunta inicial: ¿nos importa lo que piensa? Y sí, mucho. Que un funcionario público, responsable del ministerio que debe asegurarse de que las legislaciones se cumplan, sea quien públicamente niegue los derechos otorgados por estas leyes pone en evidencia el nulo respeto que él tiene sobre las leyes, así como el desconocimiento más profundo con la agenda de las diversidades.

 

No solo sus dichos violan las leyes, los  principios constitucionales de la República Argentina y de los tratados internacionales firmados y ratificados, sino que además promueve un contexto social donde la violencia y la discriminación hacia el colectivo LGBTIQ+ se habilitan y profundizan. Si quien tiene que proteger a los colectivos más vulnerados es quien les vulnera, ¿dónde vamos a pedir apoyo ante los casos de discriminación o violencia que sufran?

Por supuesto que Mariano Cúneo Libarona, como individuo, puede opinar lo que desee. Pero como funcionario no puede atentar contra el principio de igualdad y no discriminación que garantizan el respeto a la identidad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. 

Sus declaraciones rompen con la investidura de su rol.