Ley de Identidad de Género: a 11 años de la sanción, ¿en qué avanzamos y qué falta?

Sostiene que cualquier persona mayor de 18 puede modificar su DNI si su identidad de género no se corresponda con el sexo asignado al nacer. Las personas menores pueden realizar este trámite con autorización de sus representantes legales.

Al mismo tiempo, el Estado garantiza el acceso a intervenciones médicas (hormonales o quirúrgicas si la persona lo desea) para la modificación de género.

El investigador adjunto de Conicet Martín Boy, especialista en temáticas trans, explica: “La ley de identidad de género aprobada en la Argentina es mirada a nivel global por dos aspectos centrales: no exige ninguna categoría diagnóstica a las personas trans para acceder a derechos y porque parte de la premisa que no hay nadie mejor que uno para saber quién uno es”.

 

Boy, sociólogo, integrante de la organización Capicua diversidad, se explaya: “El primero de los aspectos implica que las personas trans no tienen que declararse enfermas para acceder a prestaciones. El segundo aspecto implica que ningún profesional experto puede decirte quién sos y quién no sos. La identidad es una construcción personal en un contexto, por eso no se necesita de ningún tribunal experto como en algunos otros países”.

En ese sentido, entiende que nuestra la ley de identidad de género es de vanguardia, aún 11 años después. Sin embargo, en las situaciones concretas sostiene que aún se topa con obstáculos. “En general, vinculados a las miradas prejuiciosas del personal administrativo y sanitario”, puntualiza.

Aunque no deja de destacar que “estos primeros 11 años de ley nos marcan que no da lo mismo tener la ley que no tenerla, aun cuando no se implementa a rajatabla. Esta ley significó para un grupo de la población entrar al goce de la ciudadanía”.

La organización Grow - género y trabajo, que tiene como propósito promover espacios de trabajo diversos, inclusivos y libres de violencia, también reflexiona sobre los avances que trajo la ley y marca los pendientes.

“La ley significó un avance enorme, el derecho a la identidad. Pero con el derecho no se solucionan todas las deudas pendientes. Las demandas de las personas trans y de identidades no cis normativas siguen siendo muchas, y muy importantes”, señalan.

Según datos de Grow –tomados de La revolución de las mariposas- en nuestro país el 70% de las personas trans no fue a una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género. El 80% del colectivo travesti trans no accede a un empleo formal, y el 60% ejerce la prostitución (en su mayoría dejarían de hacerlo de contar con otras posibilidades), detallan.

“Esta realidad se explica por la discriminación estructural, la falta de educación, y una sociedad que no termina de aceptar la diversidad”, sostienen. “Es decir, que una de las principales deudas hacia la población trans tiene que ver con su exclusión de la vida laboral. Se hace extremadamente difícil para estas personas poder desarrollarse en igualdad de condiciones, sin un acceso mínimo a un derecho básico, como es el derecho al trabajo”.

 

En esta dirección fue que en 2021 se sancionó la ley de cupo laboral travesti trans: establece que, dentro de la planta del Estado, debe emplearse, al menos, un 1% de personas trans. Hasta diciembre de 2022, 574 personas travestis, trans o no binaries se encontraban trabajando en organismos del Poder Ejecutivo (antes de la sanción de la ley este número era de 101).

“Aunque se trata de una iniciativa interesante, que puede comenzar a generar las oportunidades necesarias, es importante avanzar en su implementación real”, piden desde Grow.

El derecho a la identidad fue un paso fundamental, pero el derecho a una inclusión educativa y laboral que otorgue igualdad de oportunidades es todavía una deuda pendiente.