El Senado aprobó en la madrugada pasada el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que ahora deberá ser debatida por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Aunque durante las últimas semanas el proyecto generó discusión por otros puntos vinculados a la venta de tierras a extranjeros y a la Ley de Manejo del Fuego, esos capítulos finalmente fueron retirados.
De esta manera, el texto que recibió media sanción quedó concentrado en cuatro ejes principales: los desalojos, las expropiaciones, la protección del derecho de propiedad y la regularización de inmuebles rurales.
Qué cambia con los desalojos
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la modificación del procedimiento para los desalojos.
La iniciativa establece que tanto los desalojos de inmuebles urbanos como rurales tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento judicial más rápido que el actual.
Además, contempla dos situaciones:
- Usurpaciones u ocupaciones ilegales: el propietario podrá solicitar la restitución inmediata del inmueble durante el proceso judicial, bajo determinadas condiciones establecidas por la ley.
- Falta de pago del alquiler: antes del desalojo deberá existir una intimación previa de 10 días hábiles para que el inquilino regularice la situación. La notificación podrá realizarse también en el domicilio electrónico fijado en el contrato.
El texto aprobado incorpora además una modificación propuesta durante el debate: cuando en la vivienda haya niños, adolescentes o personas con discapacidad, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y podrá otorgar un plazo de hasta diez días para garantizar una alternativa habitacional antes de ejecutar el desalojo.
Cambios en las expropiaciones
Otro capítulo modifica las condiciones bajo las cuales el Estado puede expropiar bienes privados.
El proyecto exige que la declaración de utilidad pública tenga una interpretación más restrictiva y que el Estado fundamente de manera específica:
- cuál es el interés público perseguido;
- por qué la medida resulta necesaria;
- y por qué no existe otra alternativa menos restrictiva.
También cambia el régimen de indemnizaciones.
La compensación económica comprenderá el valor objetivo del inmueble y los daños directos ocasionados. El lucro cesante solo podrá reconocerse cuando esté debidamente acreditado y tendrá un límite equivalente al 30% del daño emergente, salvo que exista prueba de un perjuicio mayor.
Además, los montos se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés vinculada a los depósitos a plazo fijo del Banco Nación.
En cuanto a las ocupaciones temporales por parte del Estado, el proyecto limita su duración a 90 días, con posibilidad de una única prórroga por igual plazo únicamente en situaciones excepcionales.
Regularización de inmuebles rurales
La iniciativa también incorpora una modificación destinada a agricultores familiares.
El texto amplía la posibilidad de regularizar la situación dominial de inmuebles rurales mediante la figura de la usucapión prevista en la denominada Ley Pierri, con el objetivo de facilitar que quienes viven y producen desde hace años en esos campos puedan obtener el reconocimiento legal de la propiedad.
Qué pasó con los otros capítulos del proyecto
El proyecto original incluía reformas que habilitaban mayores posibilidades para la compra de tierras por parte de personas y empresas extranjeras y cambios en la Ley de Manejo del Fuego.
Sin embargo, ambos capítulos fueron eliminados antes de la votación debido a la falta de consenso político. Por ese motivo, ninguno de esos cambios forma parte del texto que recibió media sanción en el Senado.
Cómo sigue el proyecto
Con la aprobación en el Senado, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados, donde deberá atravesar el tratamiento en comisiones y luego ser debatido en el recinto.
Solo si obtiene la aprobación de Diputados sin modificaciones quedará sancionado y podrá ser promulgado por el Poder Ejecutivo. Si los diputados introducen cambios, el texto deberá regresar al Senado para una nueva revisión.
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