A 15 años de la ley de matrimonio igualitario: ¿Quién decide qué amor merece derechos?

En Argentina, muchas veces escuchamos que “la política no nos importa” o que “no nos metemos en política”. Pero la política está en todas partes: cuando recibimos nuestro DNI, cuando votamos, cuando accedemos a la salud o a la educación pública. Y también cuando decidimos casarnos. Porque casarse es un acto profundamente personal, sí, pero también es político. Es un compromiso que asumimos no sólo entre dos personas, sino frente a toda una comunidad.

Durante mucho tiempo, no todas las personas pudieron dar ese paso. Si una pareja del mismo género quería casarse, no podía. No porque no se amaran o no estuvieran comprometidas, sino porque la ley no se los permitía. Esto nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿qué autoridad moral puede decidir quién accede y quién no a un derecho, solo por el hecho de ser?

Cuando Argentina sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario en julio de 2010, se convirtió en el primer país de América Latina —y el décimo en el mundo— en reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo género. Fue un momento histórico no solo por su contenido, sino también por el proceso profundamente democrático y participativo que lo acompañó, con audiencias públicas y un debate nacional que atravesó todas las esferas: jurídicas, políticas, religiosas y sociales. Antes de Argentina, solo nueve países en el mundo lo habían hecho: Países Bajos (2001), Bélgica (2003), Canadá y España (2005), Sudáfrica (2006), Noruega y Suecia (2009), Islandia y Portugal (2010). Desde entonces, más de 35 países han legalizado el matrimonio igualitario.