¿Vemos el género o no? La trampa del proyecto de falsas denuncias y la violencia de género en Argentina

En un universo hipotético de 1.000 mujeres:

• 333 sufren violencia (1 de cada 3, según OMS/ONU Mujeres)
• Solo 37 realizan una denuncia (11%, según Fundación Avon)
• 296 agresores quedan completamente impunes, sin ningún registro judicial
   

¿Cuántas denuncias falsas ocurren en ese mismo universo? Si se estima en un 2% del total de denuncias —el límite superior de las estimaciones disponibles—, hablamos de menos de 1 denuncia falsa.

296 agresores impunes frente a menos de 1 denuncia falsa.

El problema que este proyecto viene a resolver no existe en la magnitud que se proclama. El que sí existe —y es enorme— es el de la impunidad.

Nota metodológica: la estimación del 2% corresponde a lo señalado por el Consejo de la Magistratura (2025) para el total de denuncias penales en Argentina. No existen registros específicos para violencia de género porque ese dato no se releva sistemáticamente —lo que es, en sí mismo, parte del problema.

Pero además de los números, hay otro problema con este proyecto: es innecesario desde el punto de vista jurídico. La figura de falsa denuncia ya existe en el Código Penal argentino, en el artículo 245. Quien denuncia falsamente a otra persona puede ser procesado y condenado hoy, sin necesidad de ninguna reforma. 

Así lo señala el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA): el proyecto no crea un delito nuevo, simplemente lo agrava de manera específica para un contexto determinado, sin evidencia que justifique esa agravación.

¿Por qué endurecer algo que ya existe? La respuesta, en este caso, no es técnica. Es política.

Lo que el proyecto dice en voz alta, sin decirlo con esas palabras, es que las mujeres que denuncian son un peligro. En un contexto en que el 89% de las mujeres que sufren violencia no llega a denunciar, crear un mecanismo más punitivo para quienes sí se animan a hacerlo tiene un efecto concreto: disuadir. 

Y acá aparece la contradicción más difícil de ignorar. El mismo marco que niega la necesidad de legislar con perspectiva de género para proteger a las víctimas —porque "todos somos iguales"— sí apela al género para señalar a las mujeres que denuncian como una amenaza para los hombres. Es decir: esa mirada solo se activa cuando el varón es el potencial perjudicado.

Agravar las penas para las mujeres que denuncian, en un país donde denunciar ya requiere valentía porque el Estado no acompaña, es disciplinamiento. Es decirle a cada mujer que duda: mejor quedarse callada, porque si algo sale mal, sos vos la que paga.