Las recientes declaraciones de Valentín, uno de los hijos de Romina Yan, que relató la violencia que recibió de su padre, nos invitan a reflexionar sobre una realidad que quienes trabajamos con infancias conocemos muy bien. La violencia contra niñas, niños y adolescentes muchas veces ocurre dentro de sus propios entornos familiares, puede mantenerse silenciada durante años y suele involucrar a muchos más adultos que aquellos que la ejercen directamente.
Cuando un niño cuenta que está sufriendo violencia, necesitamos comprender la enorme dimensión de ese acto. Muchas veces tuvo que atravesar el miedo, la culpa, la vergüenza y hasta el temor de no ser escuchado o de sufrir represalias. Por eso, la respuesta de los adultos frente a ese relato puede modificar profundamente el curso de su historia.
Desde hace décadas contamos con un marco normativo muy claro. La Convención sobre los Derechos del Niño, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional, y la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen que las infancias son sujetos plenos de derecho y que su protección constituye una responsabilidad compartida.
Este principio de corresponsabilidad es fundamental. La protección de un niño no depende exclusivamente de su madre, su padre o de quien ejerza sus cuidados. También compromete a las instituciones educativas, los equipos de salud, los organismos administrativos y judiciales, las organizaciones comunitarias y al conjunto de la sociedad. Cada uno desde sus funciones, pero todos con obligaciones frente a una situación de vulneración de derechos.
La Ley 26.061 reconoce expresamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de tratos violentos, humillantes o intimidatorios. También establece obligaciones concretas de comunicación e intervención frente a situaciones que amenacen su integridad. La escuela, los servicios de salud y los organismos de protección forman parte de un sistema que debe actuar de manera articulada.
Esto significa que frente a un relato de maltrato no alcanza con escuchar, conmovernos o acompañar emocionalmente. Es necesario actuar, activar las redes de protección y garantizar que ese niño pueda permanecer en un entorno seguro. Y hacerlo sin exponerlo a interrogatorios reiterados, sin responsabilizarlo por las consecuencias de haber hablado y sin obligarlo a sostener en soledad el peso de su denuncia.
La corresponsabilidad también nos obliga a revisar los silencios adultos. Cuántas veces se minimizan señales de violencia para evitar conflictos familiares. Cuántas veces se privilegia la reputación de una persona adulta por encima del sufrimiento de un niño. Cuántas veces las instituciones identifican indicadores preocupantes, pero las intervenciones llegan tarde o quedan fragmentadas.
Tenemos que ser muy claros en este punto. La violencia contra las infancias nunca es un asunto exclusivamente privado. El derecho a la intimidad familiar no puede convertirse en una excusa para tolerar la vulneración de derechos.
La Convención reconoce a la familia como un espacio fundamental para el desarrollo, pero también establece la obligación del Estado de proteger a los niños frente a toda forma de violencia, incluso cuando proviene de las personas responsables de su cuidado. Y esa protección debe garantizarse de manera oportuna, articulada y sostenida.
El testimonio de Valentín nos permite reflexionar también sobre la importancia de los adultos protectores. Un abuelo, una docente, un profesional de salud o cualquier persona significativa puede convertirse en una figura decisiva para interrumpir una situación de violencia. Sin embargo, la protección de las infancias no debería depender de la suerte de encontrar a alguien dispuesto a intervenir.
Necesitamos sistemas de protección que funcionen, instituciones que se comuniquen entre sí y adultos que comprendan que escuchar a un niño implica asumir una responsabilidad.
Quizás una de las preguntas más importantes que nos deja este testimonio sea por qué tantas veces nos preguntamos cuánto tardó un niño en contar lo que estaba viviendo y tan pocas veces nos preguntamos cuánto tardamos los adultos en escucharlo y actuar.
Porque la responsabilidad de detener la violencia nunca puede recaer sobre quien la está sufriendo.
Y porque cuando un niño cuenta que sus derechos están siendo vulnerados, la obligación de protegerlo ya no admite indiferencias.
IG: @eva_pediatra
Evangelina Cueto Es pediatra y especialista en salud integral de adolescentes, formada en el Hospital Garrahan.