Agenda verde: 10 temas urgentes que necesitan de la acción colectiva e individual

En lo que va de 2020 ya se han quemado más de 430.000 hectáreas, en su mayoría en el Delta del Paraná y en Córdoba. El 95% de los incendios son producidos por intervenciones humanas, ya sea intencionadas, como para la preparación de áreas de pastoreo, o por descuidos. ¿Las consecuencias? Millones de toneladas de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera, además de casas, animales y flora silvestre afectados en todo el país. A estos incendios se suma el histórico problema de los desmontes, que no se detuvieron ni en plena pandemia, sino todo lo contrario. Entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre de este año se desmontaron 42.565 hectáreas de bosques, una superficie similar a la de dos veces la Ciudad de Buenos Aires. La pérdida de bosques significa más enfermedades, más cambio climático, más inundaciones y más desalojos de comunidades campesinas e indígenas.

En la Argentina, la producción de alimentos está orientada a la producción de commodities más que a nuestra alimentación. Se trata de un modelo basado en la concentración de la tierra, desmonte, monocultivo, semillas transgénicas y utilización masiva de agroquímicos con consecuencias negativas en la alimentación, la salud y el ambiente. La lucha es por lograr la llamada "soberanía alimentaria", es decir, la capacidad de producir alimentos adecuados para nosotros mismos y exportar solo lo remanente. También incluye el derecho a conocer el origen de lo que comemos y a acceder a alimentos de calidad a un precio razonable. Para muchos, este modelo tiene nombre: agroecología, que consiste en obtener alimentos más saludables que los producidos por la agricultura convencional, considerando a las personas, el ambiente y la biodiversidad.

Uno de los temas más polémicos es el uso masivo de agroquímicos, también llamados "agrotóxicos", y con justa razón. Los cultivos genéticamente modificados como la soja, que ocupa el 60% de la tierra cultivable del país, son diseñados para ser tolerantes a los herbicidas, para que los agricultores puedan matar las malezas sin afectar los cultivos. El problema se origina cuando, además de matar las malezas, estos venenos llegan a las personas, las plantas y los animales, algo que ocurre con demasiada frecuencia, ya sea en su aplicación, por ingesta de los alimentos cultivados o como consecuencia de las fumigaciones aéreas que enferman a comunidades y escuelas rurales. En 2015 la OMS caracterizó al glifosato, el herbicida más popular, como "cancerígeno probable". ¿Por qué esto debe preocuparnos? Porque Argentina es el principal consumidor de glifosato per cápita del mundo.

Un humedal es una zona de la superficie de la tierra que está temporal o permanentemente inundada y que es indispensable por los beneficios ambientales que aporta: brindan suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción, biodiversidad, control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático. La discusión por los humedales tomó estado público en la Argentina tras los incendios que los afectan, ya que muchos de estos ecosistemas se encuentran en peligro, ya sea por actividades como el desarrollo inmobiliario como por contaminación. Se estima que en los últimos 300 años ha desaparecido el 87% de los humedales a nivel global. Hoy existen 13 proyectos de ley en el Congreso que buscan establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso sustentable de los humedales.

El cambio climático es el principal problema que enfrenta el mundo. Si el COVID-19 es identificado como la amenaza que hoy se ciñe sobre nosotros y la economía, el cambio climático representa una crisis mucho mayor en la que está en riesgo nuestra supervivencia como especie. Los efectos del cambio de temperatura de la Tierra son varios: lluvias más intensas y frecuentes, períodos de sequía más extensos y acentuados –que son los que luego propician incendios–, incremento del nivel del mar y retroceso de glaciares, entre otros. En nuestro país el reclamo de las organizaciones ambientales es que los políticos y las empresas empiecen a tomar la crisis climática y las cuestiones ambientales como un tema prioritario.

Los datos hablan solos: cada argentino genera en promedio un kilo de residuos por día. A nivel país, generamos una tonelada de basura cada dos segundos. De todo ese descarte, una enorme porción podría ser recuperada e integrada a una economía circular, pero no es eso lo que ocurre. La gran mayoría de todo ese material termina, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario, o bien en uno de los cinco mil basurales a cielo abierto que aún existen en el país. Mientras la basura sigue en aumento, debido al crecimiento de la población y los hábitos de consumo, no existe una solución definitiva, siendo muy pocos los municipios que cuentan con plantas de separación y reciclaje.

Hace 10 años en la Argentina se sancionaba la Ley de Glaciares, que logró que 44 proyectos mineros que pretendían desarrollarse sobre glaciares y áreas periglaciales quedaran frenados. Sin embargo, hubo incumplimientos que hicieron posibles derrames tóxicos que todavía hoy tienen como consecuencia ríos contaminados. En un país donde 7 millones de personas no tienen acceso al agua potable, defender este bien común es clave. En la provincia de Mendoza lo saben bien, por eso hace menos de un año, gracias a una manifestación popular histórica, se logró la derogación de una ley que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico en la minería y que ponía en serio riesgo la calidad del agua.

Las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, tienen su origen en la quema de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo). En nuestro país, más del 80% de nuestra energía eléctrica proviene de esas fuentes. Mientras tanto, el fracking que se desarrolla en Vaca Muerta, Neuquén, que consiste en un método de extracción de gas y petróleo no convencional, conspira contra el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por el país, en un mundo donde los líderes mundiales se están fijando como objetivo "descarbonizar" la economía para 2050. Para eso son necesarias tecnologías bajas en carbono y una transición hacia el uso de energías limpias y renovables.

Hace algún tiempo se pensaban las crisis social y ambiental de forma separada, a tal punto que había quienes sostenían que solo los países con temas como la pobreza y el desempleo resueltos podían "darse el lujo" de pensar en el cuidado del planeta. Por suerte, cada vez hay más consenso en que los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de la degradación ambiental, de manera que no pueden pensarse de forma aislada. De hecho, los derechos humanos están estrechamente relacionados con el cambio climático, porque sus efectos repercuten en nuestro derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y los medios de vida.

Latinoamérica es la región con mayor reducción de biodiversidad en el mundo, según el informe Planeta Vivo 2020 de WWF, que analiza el estado mundial de la biodiversidad. Con una disminución del 94% de las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces estudiadas entre 1970 y 2016, es importante que Argentina sea parte activa en detener la pérdida de ecosistemas. Según este informe, es necesario transformar los patrones de producción y consumo de alimentos y emprender acciones que ayuden a evitar la degradación de suelos y la pérdida de hábitats que la biodiversidad necesita para existir. •

Expertos consultados: Manuel Jaramillo. Director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. Vidasilvestre.org.ar. Enrique Viale. Abogado ambientalista. @enrique.viale. Lucas Lucente. Cofundador de Sustennials, Cultura Sustentable. @sustennials.