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Ley de Glaciares: quién decide sobre lo que es de todos

Arturo Cuello, coordinador de Incidencia Política de Jóvenes por el Clima, reflexiona sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada en Diputados y el debate de fondo que abre sobre el modelo de desarrollo, el federalismo y los bienes comunes en la Argentina.


Protestas contra la reforma de la Ley de Glaciares

Protestas contra la reforma de la Ley de Glaciares, que aprobó Diputados. - Créditos: LA NACION



En los últimos días, Argentina volvió a hacerse una pregunta que parecía dormida: ¿quién decide sobre lo que es de todos?

La discusión por la modificación de la Ley de Glaciares no es solo un debate jurídico ni científico. Es, en el fondo, una discusión sobre qué tipo de país queremos ser y, sobre todo, qué tipo de federalismo estamos dispuestos a construir.

Porque detrás de cada artículo modificado hay algo más profundo: una redefinición del equilibrio entre Nación y provincias, entre desarrollo y protección, entre intereses económicos concentrados de ciertos sectores y derechos colectivos. Y en esa tensión, lo que está en juego no es solo el hielo o la montaña, sino la forma en que organizamos nuestra vida en común.

Pero, si algo dejó este proceso —incluso en medio de retrocesos graves—, fue una señal inesperada: la sociedad argentina despertó.

Más de 105.000 personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas. Hubo movilizaciones en todo el país, antes, durante y después de la votación. Miles de personas, muchas de ellas jóvenes, decidieron involucrarse en una discusión que durante años fue presentada como lejana, técnica o ajena.

Y, sin embargo, no lo es.

 

Los glaciares son reservas estratégicas de agua. Son presente y futuro. Son una infraestructura natural que sostiene la vida en gran parte del territorio argentino. Y, cuando se discute su protección, lo que se discute es algo mucho más cercano: qué modelo de desarrollo queremos y quién paga sus costos.

En ese sentido, los cambios impulsados implican un retroceso que no puede ser leído solo en términos ambientales. Lo que se debilita no es únicamente un régimen de protección, sino una forma de gobernanza. Se erosiona un sistema que había logrado, con dificultades, establecer acuerdos y reglas comunes para todo el país, y se abre la puerta a una fragmentación donde las decisiones quedan cada vez más expuestas a presiones de sectores privilegiados.

Por eso, esta discusión también es sobre federalismo.

No cualquier federalismo, sino uno que sea capaz de garantizar derechos en todo el territorio, y no uno que funcione como excusa para flexibilizar estándares cuando hay intereses económicos en juego. Un federalismo que coordine y proteja, no que delegue sin límites lo que debería ser un piso común.

Y, en este proceso, hay responsabilidades políticas que no pueden soslayarse.

Diputados, senadores y gobernadores que habilitaron este avance dejaron en evidencia algo cada vez más claro: muchas decisiones no se están tomando en función del interés público, sino de intereses que poco tienen que ver con el bienestar colectivo.

Esto se vuelve aún más evidente al ver el nivel del debate. Hubo argumentos sólidos desde el ámbito académico, científico y jurídico, con participación de universidades, especialistas y organismos como el CONICET. También se expresaron con fuerza las voces del territorio: organizaciones sociales, asambleas, movimientos y una ciudadanía movilizada que quiso ser parte.

Sin embargo, esa diversidad de miradas no fue recogida en la decisión final. Y, en esa distancia entre lo que la sociedad expresó y lo que se resolvió, quedó en evidencia a quiénes responden quienes deciden.

 

Pero, al mismo tiempo, algo se ordenó del otro lado.

Porque, si bien el resultado legislativo marca un retroceso, el proceso dejó una ganancia difícil de ignorar: una sociedad más atenta, más articulada, más informada y más dispuesta a involucrarse. Una ciudadanía que, frente a la falta de escucha institucional, decidió hacerse escuchar igual.

Y quizás ahí esté el punto más importante.

Seguimos sin dar una discusión de fondo sobre nuestro modelo de desarrollo. Seguimos atrapados en una lógica de exportación de materias primas, con bajo valor agregado, que compromete territorios y recursos estratégicos. Mientras tanto, contamos con capacidades técnicas, científicas y profesionales que muchas veces terminan siendo aprovechadas fuera del país.

La pregunta, entonces, no es solo cómo protegemos los glaciares, sino qué proyecto de país estamos dispuestos a construir a partir de ellos.

Porque cuidar el ambiente no es frenar el desarrollo. Es, justamente, discutir qué desarrollo vale la pena.

Y, en ese debate, algo cambió.

Tal vez lo más valioso que dejó este proceso es que, por un momento, muchas personas se encontraron del mismo lado: el de quienes entienden que hay bienes que no pueden negociarse y que el futuro no puede decidirse a puertas cerradas.

La discusión por los glaciares sigue abierta. Pero ya no es la misma.

Por Arturo Cuello, Coordinador de Incidencia Política - Jóvenes por el Clima. Gentileza para OHLALÁ!

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