En los últimos días, la escritora y directora Lena Dunham contó que fue madre por gestación subrogada. Lo contó ella misma, en una revista, con detalles que decidió hacer públicos: a los 31 años se sometió a una histerectomía después de una década de endometriosis severa y con esa cirugía perdió la posibilidad de gestar.
La noticia duró poco como una noticia: rápidamente se convirtió en un ataque. Si está mercantilizando el cuerpo de otra mujer, si esto es coherente o no con su propia postura como feminista. Confieso que yo misma tengo muchas dudas al respecto, pero quiero desplazar la discusión a los que considero los verdaderos responsables: los Estados, como garantes de derechos, que están dejando un vacío legal.
El deseo de maternidad no es un lujo: es un proyecto de vida
Hay mujeres que no pueden gestar por razones médicas. No por una elección, no por un capricho: por una enfermedad, una cirugía, un tratamiento oncológico, una condición congénita. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de una de cada seis personas adultas atraviesa algún problema de infertilidad a lo largo de su vida (OMS). Y la endometriosis afecta a cerca del 10% de las mujeres en edad reproductiva, con demoras de diagnóstico que los relevamientos internacionales ubican en varios años (OMS).
Lamentablemente el dolor de las mujeres se subestima, se posterga y se naturaliza. ¿Cuántas veces nos han dicho que es normal que nos doliera?
Cuando la posibilidad de la gestación se cierra, las alternativas que quedan no son muchas ni son fáciles. La adopción, en la mayoría de los países de la región, es un proceso largo, incierto y con reglas que no siempre contemplan a todas las familias. En ese escenario, la gestación subrogada aparece como la única opción.
Criminalizar o estigmatizar a esas mujeres convierte un proyecto de vida en un escándalo moral. Y lo hace ignorando algo central: ellas están operando dentro de un vacío legal que no crearon.
¿Cuál es el conflicto ético?
La bibliografía bioética plantea el dilema con claridad: qué debe prevalecer cuando entran en tensión el deseo de maternidad o paternidad, los derechos reproductivos de la mujer gestante y el interés superior del niño o de la niña. El temor que existe es que el cuerpo gestante quede reducido a un medio, a un servicio con tarifa, y que eso choque de frente con la dignidad de la persona y la igualdad de condiciones en las que esa transacción se realiza.
Estos conflictos existen. Pero no fueron creados por las personas que acceden a él, sino por un sistema que permite que la reproducción humana se organice como en un mercado, con países que prefieren no abrir el debate público.
En este sentido, considero que es injusto pedirle coherencia ética absoluta a una persona que quiere ser madre y no le exigimos a los Estados que conocen el tema en detalle y eligen no resolverlo.
En el medio, están las clínicas y agencias privadas que fijan precios y redactan contratos.
Cuando una mujer con un problema de gestación decide ser madre por subrogación, no está creando el mercado: está atravesándolo. Y lo atraviesa sola, con la información que consigue, en un terreno que nadie ordenó.